Andalucía, junto con la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, ha iniciado una colaboración interregional para abordar los efectos de la sequía en los bosques del arco mediterráneo español. En una reciente reunión en Murcia, los responsables de medio ambiente de las tres comunidades acordaron crear un grupo de trabajo conjunto para abordar esta problemática.
Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, destacó la importancia de la cooperación en esta crisis climática. En el encuentro participaron también Juan María Vázquez, consejero murciano de Medio Ambiente, y Vicente Martínez Mus, conseller valenciano de Infraestructuras y Territorio. Tras el análisis del impacto de la sequía, se llegó a la conclusión de que áreas significativas están afectadas: entre 15.000 y 25.000 hectáreas en Andalucía, 17.000 en la Comunidad Valenciana y alrededor de 20.000 en la Región de Murcia.
Una gestión adaptativa para conservar la biodiversidad
Catalina García subrayó el compromiso de Andalucía en la adaptación de sus ecosistemas forestales al cambio climático, reforzando la necesidad de políticas compartidas. Según indicó, los bosques mediterráneos son esenciales para la biodiversidad, el paisaje y la estabilidad ambiental de la región. La sequía prolongada ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de estos sistemas naturales, que ahora deben enfrentarse a un reto estructural.
En Andalucía, se están implementando medidas de adaptación climática en sus bosques, dentro del marco del Plan Forestal Andaluz 2030 y la futura Ley de Montes de Andalucía. Estas estrategias buscan fortalecer la resistencia de los ecosistemas, haciéndolos menos susceptibles a los cambios ambientales.
Herramientas avanzadas para gestionar el cambio climático
La consejera explicó que la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad está actualizando modelos de restauración forestal que incrementen la resiliencia de los ecosistemas. Un nuevo mapa de áreas vulnerables permite realizar un seguimiento exhaustivo de los efectos del cambio climático, especialmente en zonas de alta montaña y semiáridas. Esto facilita una planificación estratégica que permita a los gestores de bosques tomar decisiones bien fundamentadas.
La futura Ley de Montes de Andalucía desempeñará un papel clave en esta adaptación, promoviendo prácticas como la conservación de la vegetación y la repoblación en áreas afectadas por incendios o degradación forestal. García destacó que los ecosistemas forestales de Andalucía son capaces de absorber carbono, lo que convierte la gestión forestal en una herramienta para mitigar el cambio climático.
Reforestación, biomasa y alianzas público-privadas
Andalucía impulsa proyectos de reforestación y tratamientos de gestión adaptativa de la biomasa, que buscan no solo conservar los bosques, sino también aprovechar la biomasa como recurso energético sostenible. García subrayó el papel de la colaboración público-privada en estos proyectos, considerando que la participación de entidades privadas aporta significativamente a la conservación.
En este sentido, la consejera puso como ejemplo el proyecto LIFE CO2RK, una iniciativa que promueve la gestión forestal para la conservación de la biodiversidad y el aumento de la capacidad de los bosques para absorber carbono. Este tipo de colaboraciones busca maximizar el impacto positivo de las políticas forestales.
Diversidad forestal y adaptación climática
En su intervención, García también enfatizó la importancia de diversificar las especies forestales para fortalecer la resistencia de los bosques frente a la sequía. Las pruebas de repoblación con la tuya mediterránea (Tetraclinis articulata), especie característica de Murcia, son un ejemplo de cómo la biodiversidad puede mejorar la resiliencia de los bosques mediterráneos.
Esta estrategia de adaptación permite minimizar la vulnerabilidad de las masas forestales, promoviendo sistemas mixtos que resistan mejor los desafíos climáticos. En el reciente Congreso Internacional sobre Cambio Climático en Jerez, García subrayó que la colaboración entre administraciones y la comunidad científica es crucial para mejorar las políticas ambientales de adaptación y mitigar los efectos del cambio climático.
